Revista del Campo. 04.06.12.
La planta de cerdos de Agrosuper tenía todo para ser exitosa. US$ 500 millones en inversión, la mejor tecnología del mundo, un gobierno pro emprendedores y resolvería la cesantía local. Sin embargo, terminó en catástrofe. Los errores que cometieron la empresa y las autoridades dejan duras enseñanzas para los proyectos agropecuarios que vendrán. Revista del Campo 04 de junio 2012.
En 2005 en Agrosuper acordaron dar un salto en producción y decidieron instalar una nueva planta que duplicaría su capacidad, en el valle de Huasco. Como lo reconocen en su memoria 2011, el lugar contaba con conectividad, clima y disponibilidad de terreno. Además, el valle nortino, por ser una zona totalmente independiente desde el punto de vista sanitario, en caso de problemas podría funcionar alejada de lo que ocurriera en el sur.
Llegaban a una comunidad de seis mil habitantes que, en esa época, tenía 25% de cesantía. Los recibieron bien, más aún cuando ofrecían generar tres mil puestos de trabajo.
"La comunidad estaba contenta porque ellos llegaron con la política del buen vecino. Hoy creo que fuimos mal informados", dice Andrea Cisternas, vocera del Movimiento Socio Ambiental Valle del Huasco.
El holding invertiría US$ 500 millones para construir instalaciones con tecnología de punta, que incluían un plantel de 1,5 millones de hembras, áreas de reproducción, de crianza, de alimentos, una faenadora y una planta de rendering (procesadora de sus propios desechos para generar insumos), distribuidas entre Vallenar, Freirina y Huasco. La apuesta era ser la mayor y más tecnológica instalación en Chile y en Latinoamérica.
Sin embargo, los olores que comenzaron a emanar con la llegada de los cerdos, la escasa reacción ante los reclamos de la comunidad por parte de las autoridades, y la lenta o poco clara solución por parte de la empresa, llevaron a que el problema tomara otro cariz.
"Tenían claro que el principal problema del proyecto era el tema de los olores. Por eso no ahorraron plata en tener la mejor tecnología. El problema vino cuando les falló. Se centraron en la solución 'ingenieril' , sin captar la dimensión social. Debieron haber establecido canales de comunicación abiertos con los vecinos. Explicar cuál era la situación, qué estaban haciendo para solucionarlo y establecer compensaciones por las molestias. ¿Qué le hubiera costado al gerente recibir a los dirigentes? Decirles 'yo mismo tengo la ropa pasada a excremento de chancho y mis hijos viven acá', demostrarles que estaban comprometidos en solucionarlo y que entendían su malestar", explica el veterinario Michel Leporati, asesor del Minagri durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Ahora la empresa ganadora del premio Icare 2007, tiene la planta cerrada por el Ministerio de Salud. El holding perdió capital a manos llenas y no sólo por la infraestructura que queda ociosa y por la necesidad de faenar casi 500 mil animales. También se le fue la posibilidad de aprovechar la desbocada demanda china por carnes y su salida a la bolsa quedó nuevamente en suspenso.
Las causas de lo que ocurrió y sus consecuencias sacan a la luz deficiencias y dejan lecciones que aprender. Un examen de ese evento es clave para minimizar el riesgo de futuras crisis.
En diciembre de 2005 la planta de Agrosuper en Huasco obtuvo los permisos para funcionar, a través de la resolución exenta 110.
En el camino de aprobación el proyecto -que comenzó a ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el 8 de febrero de 2005-, pasó por dos suspensiones y tuvo que hacer tres adendas (es decir, la empresa tuvo que agregar información importante que faltaba), antes de ser aprobado el 7 de diciembre de ese año.
De las más de 40 personas (entre seremis, gobernadores, consejeros regionales y técnicos) que evaluaron, discutieron y aprobaron el proyecto, había tres referentes: Rodrigo Rojas, entonces intendente de Atacama y presidente de la Comisión Regional de Medio Ambiente, Corema (hoy rector de la Universidad Santo Tomás en Copiapó); Samuel Kong, ex seremi de Salud, y Plácido Ávila, en ese entonces a cargo de la Corema en Atacama.
De los que participaron, el único que votó en contra fue Plácido Ávila, "por considerar que la iniciativa no se hacía cargo de todos los impactos ambientales que se podrían generar", dijo en ese momento. Hoy, el entonces intendente Rodrigo Rojas opta por no referirse a las razones que lo llevaron al sí.
Para ser aprobado el proyecto la empresa debió presentar evaluaciones de consultoras privadas, entre las que estuvo Gestión Ambiental Consultores, de la que era gerente de finanzas la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Los habitantes del lugar estiman que en la aprobación de ese entonces pesó la escasez de trabajo.
"Había muchas personas cesantes y para ellos la opción significaba mucho", explica Jorge Campos, colaborador del Movimiento Socio Ambiental Valle del Huasco y simpatizante de Freirina Consciente.
En ese momento a pocos les importaba que la construcción desplazaría actividades tradicionales como la crianza de burros, típico de la zona, o que amenazara con aumentar la ya crónica escasez hídrica. Eso hasta que a principios de 2011 comenzaron a llegar los cerdos.
Legislación ambiental incompleta
¿Por qué se aprobó ambientalmente un proyecto que se sabía que podía tener problemas?
La aprobación ambiental se dio en medio de una normativa ambiental chilena "a medio construir", dice la ambientalista Flavia Liberona.
Se refiere a que, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene marco legal desde el 2011, aún no se han hecho reglamentos para esa repartición y sus servicios, como el SEA y SEIA, que son los responsables de dar o no la aprobación medioambiental a los proyectos industriales como el de Agrosuper.
Por ello hoy para las evaluaciones se utilizan los reglamentos heredados de los antiguos Conama y Corema, más la opinión de las comunidades, las que no suelen tener apoyo técnico para presentar reparos formales a los proyectos.
La actual regulación, además, no exige que ante una crisis se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, y menos obliga a que se haga un SEIA para proyectos antiguos. Es decir, una empresa puede obtener un permiso para un proyecto, sin que necesite validar, por ejemplo, planteles que sean más antiguos.
"En Chile funcionan un montón de operaciones industriales que nunca han sido evaluadas ambientalmente, sean mineras, de hidroeléctricas, o de crianza de animales. Eso la ley nueva no lo resolvió. Cuando se pide una ampliación se hace por declaración del impacto ambiental y un pedacito queda evaluado ambientalmente, pero lo antiguo no", explica Flavia Liberona, de Fundación Terram.
La ley tampoco establece sanciones para quienes aprueban proyectos que después presentan problemas (como podría ser el caso de Agrosuper).
En el tema de la fiscalización tampoco ha empezado a operar, con todas las atribuciones, los nuevos tribunales ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por esto hoy las labores de control las realizan autoridades regionales que no necesariamente son expertos. Es lo que ocurrió con Agrosuper, donde la ex intendenta de Atacama, Ximena Matas, era la responsable de la Comisión de Evaluación Ambiental.
Otro vacío que se dio en el caso de Freirina es la inexistencia de una normativa nacional para los olores. En el país no existe una legislación que fije una norma mínima de olores que emanen de las diversas industrias o rellenos sanitarios. Lo que hay son leyes como la Norma de Calidad del Aire, o la de Emisión para olores molestos de 1999 que regula las emisiones de la industria de la celulosa y el papel, pero que no cubren situaciones como la de Agrosuper.
Siguiendo el conducto establecido por la legislación, que pide que para la calificación del proyecto en el SEIA la empresa aporte antecedentes y certificaciones de que hace las cosas bien, Agrosuper contrató consultoras privadas que evaluaran lo que hacía.
Además, al aprobarse se le exigió a la compañía que cuando entraran en funcionamiento debían realizar nuevos testeos de olores, y para lo cual trabajó con la empresa Ekométrica.
"Agrosuper tenía que hacer sniff testing, pero en los horarios en que se realizaban las mediciones no se presentaban los olores", dice Lilian Sandoval, seremi de salud en la zona.
Explica que los horarios y puntos escogidos fueron definidos por Agrosuper y la empresa que realizó los testeos y no por las autoridades. Esto porque no existe una norma que establezca la forma, horarios y cantidad de mediciones que se deben realizar.
"No se registran olores"
En 2011 la empresa Ekométrica, realizó dos sondeos, según información entregada a los dirigentes de la comunidad en virtud de la ley de Transparencia. El primero los días 22, 23 y 24 de marzo, cuando había 6 mil cerdos, con tres mediciones de entre dos y cuatro horas cada uno, en horarios cercanos a la medianoche y pasado el mediodía. El segundo el 6 y 7 de junio, cuando ya había 15 mil cerdos, en dos mediciones similares a las anteriores. En ambos casos se indica que "no se registran horas de olor de ninguna fuente".
Los días 22 y 23 de febrero de 2012 registra un tercer testeo, con dos mediciones similareas a las otras. La conclusión: no se registran olores.
Autoridades como Sernapesca, la Corema y la Conama, entre otras organizaciones gubernamentales, hiceron 71 visitas inspectivas y monitoreos a la planta de Agrosuper, entre 2006 y 2010, sin observaciones mayores.En la sección seguimiento y fiscalización de la web de la SEIA no aparecen acciones fiscalizadoras en 2011.
Los pobladores comenzaron a transmitir informalmente los problemas en torno a septiembre de 2011 a las autoridades locales, como al alcalde Roberto Bruzzone, a la ex intendenta Ximena Matas y luego a la seremi de Salud, Lilian Sandoval. La autoridad de salud dice a Revista del Campo que el primer reclamo formal fue en noviembre de 2011.
"Fue hecho por el jardín infantil Amancay, directamente a la Fiscalía", dice Andrea Cisternas, representante de la comunidad.
La seremía de salud realizó tres visitas a la planta y a Freirina en diciembre y los informes señalan que no se constataron olores. Sin embargo, el 9 de marzo, si detectan "leves olores" en la comundad e inician sumario sanitario. El 15 de ese mes detectan "olor a purín ofensivo" en el jardín infantil Amancay y en el Centro de Salud Familiar de Freirina, además de otros lugares públicos.
Es una inspección que la Seremi Sandoval realiza el 23 de abril, informa de incumplimientos en la autorización sanitaria de la planta de purines, problemas en la descarga a los pozos y con cerdos muertos en fosas, entre otros problemas.
A esas alturas la comunidad sentía que la autoridad no estaba actuando de acuerdo al problema.
"Por displicencia o incompetencia, no se dieron cuenta de la envergadura de esto", cuenta Andrea Cisternas.
Durante todo este tiempo habrían buscado acercar a las partes, pero las reuniones que establecieron con Agrosuper, y las soluciones que mediaron, no se cumplían.
"Ellos pedían plazos para que la empresa solucionara los temas, pero esperábamos los dos o tres meses que solicitaban y seguían los malos olores", dice Cisternas.
Y los olores se volvían cada vez peores.
"En los colegios los niños tenían que quedarse en la sala por el olor, no salían a recreo porque les daban náuseas y vómitos", explica Campos.
Consideran que las autoridades debieron ser más enérgicas y tomar medidas antes.
"Ellas fueron inoperantes al no llevar ese problema de inmediato al Gobierno central", dice Cisternas refiriéndose al actuar de la Seremi de Salud y de la ex intendenta.
"No podíamos hacer una prohibición", se defiende Lilian Sandoval, al explicar que el reglamento ambiental chileno les ataba las manos al momento de fiscalizar. Afirma que no podían clausurar la planta por sus olores, sino "que era necesario decretar la alerta sanitaria para poder actuar".
Falta de sintonía política
¿Por qué una situación de un punto aislado del país terminó por convertirse en un conflicto nacional?
Todo apunta a problemas de manejo entre las autoridades regionales y las nacionales.
En el entorno del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, encargado de monitorear los conflictos regionales, afirman que no llegó información a La Moneda proveniente de la seremi Sandoval.
La representante local insiste en que siguió el conducto regular.
"Lo que pasa es que estos son informes sectoriales de Salud que en un inicio se estaban tratando con el Minsal y el gobierno local", explica Lilian Sandoval.
Recién, después de la alerta sanitaria, hace dos semanas, la información de Sandoval habría pasado del Minsal a La Moneda.
Michel Leporati, cree que el problema se exacerbó por el mal manejo de Rodrigo Ubilla.
"No puede excusarse en temas burocráticos. Tiene que estar al tanto de lo que pasa. Por definición, un problema regional no puede escalar hasta La Moneda. Debió haber presionado a la intendenta Matas para que sentara a Agrosuper y a los vecinos a negociar una solución. Se nota una falta de expertise político".
Exceso de velocidad
En su versión oficial Agrosuper sostuvo que el problema en la planta se debe a una falla de los aireadores de los biodigestores, por lo que se les habrían muerto las bacterias que procesan los purines y se habría generado el aumento del mal olor.
Revista del Campo recurrió a los trabajadores de la planta y a un dirigente de la zona, que afirman que los problemas van más allá.
"El SAG inició un proceso de sanción porque en la Resolución, la empresa se comprometía a una planta de rendering que serviría para elaborar productos de sus desechos. La idea era no usar, salvo en casos excepcionales, las fosas para desechos. Pero se estaban usando. Si hay cuatro mil a cinco mil cerdos que se supone pueden morir al año, imagínate esas fosas, es un cultivo de olores y enfermedades. Otras cosas que ocurrieron es que estaban regando con purines puros, que superaban 3 o 4 veces la norma de tóxicos por litro, y eso va a las napas", explica Jorge Campos, quien ha recabado información con trabajadores y en el SAG regional.
Fuentes del Ministerio de Agricultura aseguran que parte del problema se debió al apresuramiento de Agrosuper en echar a andar la planta.
"Debieron hacer una marcha blanca más larga. Pidieron y obtuvieron por parte de la autoridad respectiva importantes aumentos en el número de cerdos durante 2011. Se confiaron en que tenían la mejor tecnología del mundo, que me consta que era así, y se lanzaron no más. Si hubieran avanzado en forma más pausada, más aún considerando las grandes dimensiones del proyecto, probablemente habrían evitado el lío en que se metieron", explica un miembro del Minagri.
Problema social más que de ingeniería
A Michel Leporati le tocó conocer, debido a su anterior cargo en el Ministerio de Agricultura, el proyecto de Agrosuper. Visitó varias veces la planta de Freirina antes que comenzaran a llegar los primeros cerdos.
También le tocó mantener contacto estrecho con los profesionales y ejecutivos de Agrosuper a cargo del proyecto. Aunque hoy está enfocado en el área docente, tiene claro que más que un problema técnico, el desastre de Freirina se debe a gestión de la empresa, especialmente en su relación con la comunidad aledaña.
El ex asesor ministerial cree que se trata de un problema de cultura gerencial común en Chile que asocia la responsabilidad social empresaria a donaciones, más que hacerse parte de la vida de la comunidad que rodea a las compañías.
En tanto, Hernán Rojas, socio de la consultora ambiental Ceres Bca, que asesora a Agrosuper pero se excusa de dar detalles del proyecto de Freirina por un acuerdo de confidencialidad, reconoce que las empresas chilenas productoras de carne tienen dificultades para relacionarse con la comunidad.
"En pocos años, Chile pasó a ser el quinto exportador mundial de cerdos. Sin embargo, las compañías no han sido capaces de transmitir cómo funcionan al resto de la sociedad. Las personas desconocen como funciona este rubro, lo que alimentó una enorme cantidad de prejuicios y un bajo nivel del debate frente a la crisis y, finalmente, gatilló el pésimo desenlace de Freirina", afirma Rojas.
Por Eduardo Moraga y Martina Salvo.
