La Guerra del Agua

PÉRDIDA DE SOBERANÍA SOBRE EL AGUA

Desde el año 1981 el agua dejó de ser un bien común en Chile y pasó a ser un bien de mercado transable y accesible solo para quienes pueden pagar millonarias sumas. Según datos del programa Informe Especial de TVN realizado en Septiembre del 2011 bajo el título de "La guerra del Agua", hace 16 años el Estado todavía era dueño aproximadamente de la mitad de los derechos de agua del país. Con el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle se vendió este recurso a las sanitarias, proceso que continuó Ricardo Lagos. A mediados del 2011 el actual gobierno vendió las acciones que CORFO tenía en "Aguas Andinas". El código de Aguas de nuestro país, basado en la constitución política de la dictadura, permite que la usurpación de este bien común a la ciudadanía por parte de unos pocos sea legal. Matías Desdramyl, director de la DGA, defiende la actual legislación diciendo: "la discusión se ha ideologizado. La administración del recurso hídrico debe ser técnica. El código de aguas del año 81 tiene todas las herramientas para administrar y otorgar derechos en forma sustentable." Pero, ¿de qué sustentabilidad habla el señor Desdramyl cuando los ríos y vertientes en el norte de Chile se están secando, y cuando el escaso suministro de agua "potable" por parte de las "sanitarias" se transforma en un peligro para la salud? ¿A qué se refiere el señor Desdramyl al decir que la discusión sobre las aguas y los recursos del país se ha ideologizado? ¿Acaso tras la normativa vigente y la necesidad de tecnificación mercantil de los recursos no existe una ideología - a saber, la ideología  ultra liberal de Pinochet y sus seguidores?

En el valle del Huasco todavía no llegamos a una situación tan crítica como la que sufren nuestros hermanos de Copiapó, pero todo indica que vamos en la misma dirección. Los derechos de agua son cada vez más caros y solo las grandes empresas pueden comprarlos y administrarlos a gusto. En Freirina, sabemos que la actual amenaza contra el recurso hídrico es Agrosuper, y no es una exageración decir que junto a otras empresas como Barrick y CAP van a agotar el agua del valle. Solo tenemos que mirar las desastrosas consecuencias que tiene la empresa Agrosuper en lugares como Melipilla (región Metropolitana) donde ha comprado numerosas acciones intentando persuadir a las comunidades locales de que la empresa cuida el medio ambiente. No hay dos interpretaciones sobre este hecho: Melipilla era un fértil valle donde se podían cosechar alimentos vegetales, pero ahora está seco, contaminado y lleno de moscas debido a la presencia de Agrosuper. El agua no se está agotando por escasez de lluvias, sino porque algunas empresas están extrayendo más cantidad de la que se recarga naturalmente a través de las lluvias y los deshielos. Todo esto ocurre a vista y paciencia de nuestras autoridades

Debido a un fraudulento estudio realizado por la Universidad Católica se determinó que la capacidad de riego en Freirina-Huasco era superior a la que realmente existe, y de que era posible y necesario para el progreso de la zona abrir la cuenca para la extracción de las aguas subterráneas mediante pozos profundos. En septiembre del 2011, la DGA decidió abrir la cuenca del valle del Huasco a empresas como Agrosuper, que ya tiene instalados numerosos pozos en nuestra comuna. Cada uno le aporta a Agrosuper un promedio de 23 lt/seg. Las consecuencias de esto no son menores. Se está dando rienda suelta para que ocurra lo mismo que en Copiapó. Los costos de esta expansión financiera del holding Agrosuper son demasiado grandes y el descontento ya se empieza a sentir. A la fecha, se han secado diversos canales y vertientes, y el caudal del río Huasco, donde antes concurrían numerosos bañistas, ahora es considerablemente menor.

MONOPOLIO DEL AGUA Y ALZA DE LAS TARIFAS

En nuestra región, se ha concesionado el suministro de agua  al servicio sanitario Aguas Chañar. La empresa ahora es dueña del recurso, y con ello, puede elevar los precios del agua a los consumidores a su gusto, como ha ocurrido en Copiapó y Antofagasta- sin dar ninguna garantía de que el agua suministrada cumpla con los requisitos sanitarios para su consumo o riego. Tanto es así, que hoy día adultos y niños se intoxican consumiendo el agua que ofrece la sanitaria en Copiapó. Por si esto fuera poco, los copiapinos deben someterse a continuos cortes en el suministro de agua, y sus artefactos electrodomésticos (por ejemplo, teteras eléctricas) se deterioran rápidamente -por el sarro que se les acumula adentro. Por este miserable servicio, los copiapinos deben pagar el doble de lo que paga un santiaguino.


A RECUPERAR EL AGUA

Un gran precedente de las causas populares fue la recuperación del agua por parte de los cochabambinos (Bolivia) hace ya casi 10 años. El gobierno del entonces presidente de Bolivia Hugo Banzer, concesionó las aguas estatales SEMAPA, pertenecientes por naturaleza a todos los cochabambinos, a una empresa estadounidense de dudosa procedencia, Aguas Tunari. Esta  empresa recibió derechos irrisorios sobre las aguas bolivianas: gozaba de derechos sobre aguas de pozos que la empresa no había construido nunca y en lugares en los que no había invertido un solo peso. La empresa también tenía derecho a cobrar a los cochabambinos por las aguas lluvias -como si las nubes fuesen propiedad suya. Lo que colmó la paciencia de los cochabambinos fue cuando la empresa comenzó a subir las tarifas del agua en un 35%, todo esto en complicidad  con el gobierno de turno, que amenazaba con desabastecer del recurso a los agricultores y ciudadanos que se negaran a pagar la usurera tarifa. Todo esto ocurrió el mes de enero del año 2.000 causando tremenda conmoción. Un mes después, las calles de Cochabamba eran un campo de batalla, pues maestros, trabajadores, universitarios, colegiales y vecinos liderados por la Coordinadora de Defensa del Agua y el Consejo de Regantes (donde no existía un monopolio parecido al de Campillay) se enfrentaron a los efectivos policiales del Estado, quedando 60 cochabambinos heridos por balines, etc., y medio centenar de detenidos. Efectivos militares también se enfrentaron a los campesinos a punta de golpes y balazos. La violencia y la represión fue extrema. No fue suficiente este brutal estado de descontento popular para que las autoridades reaccionaran. Tuvieron que intermediar el arzobispado y distintos actores sociales. El pueblo de Cochabamba sentía que el presidente Hugo Banzer era su enemigo. La Coordinadora de Defensa del Agua realizó una Consulta Popular. Los resultados fueron lapidarios: 99% de votos votaban en contra del tarifazo. Los regantes (a través de FEDECOR) también se organizaron, bloqueando por varios días distintos caminos y marchando hasta la capital. Ante semejante presión, el Ejecutivo desconoció la consulta  realizada por la Coordinadora de Defensa del Agua argumentando que esa evaluación le correspondía hacerla al Estado. El caos era tal, que la empresa no podía ejecutar sus labores en forma tranquila. Los políticos ejercían presión mediática amenazando a la ciudadanía de las consecuencias que traería la expulsión de Aguas Tunari sobre la economía de Cochabamba - es decir, sobre sus propios bolsillos. La Coordinadora, el 6 de abril del año 2.000, realizó un ultimatum a las autoridades: Aguas del Tunari debía irse de Cochabamba inmediatamente, o de otra forma, seguirían los bloqueos, las marchas y los paros multitudinarios. Y la empresa se tuvo que ir. El gobierno declaró estado de sitio; la empresa demandó al Estado que le pagara una indemnización de 13 millones de dólares por la ruptura del contrato y por daños y perjuicios, demanda aberrante desde muchos puntos de vista y que no tuvo los efectos que la empresa pedía. Tras numerosas sesiones entre dirigentes de la Coordinadora y la FEDECOR con personal del gabinete y parlamentarios, se lograron congelar las tarifas, modificar la ley 2029 de riego por una nueva (Ley de riego nº2878, que le devolvía derechos a los regantes sobre las aguas) y se logró revisar el contrato suscrito entre el Estado y Aguas Tunari. Además se expulsó definitivamente a la empresa norteamericana del suelo cochabambino. Se exigió a los diputados que el agua debía ser devuelta a las comunidades en perpetuidad y que para ello SEMAPA debía volver a ser del pueblo. El organismo estatal hoy cuenta con un control social por parte de las comunidades regantes.

Vemos que la historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha del ser humano por el agua. Desde que el homo sapiens dejó de ser nómade debió asentarse junto a ríos y lagos. En la guerra del Chaco, el agua hizo la diferencia entre vencer o perder, y la estrategia militar giró en torno a ese elemento.  Todas las grandes civilizaciones han surgido a la rivera de ríos u otras fuentes de agua: Mesopotamia, Egipto, China, India, etc. Es por esto, que una de las prioridades en el desarrollo de los pueblos es asegurar su provisión para consumo doméstico y para regadío. Como segunda necesidad se encuentra el agua que necesitamos para la electricidad, y en último término, el agua que necesitamos para mover otras industrias. Es simple: en el orden de las prioridades si no satisfacemos nuestra necesidad de agua potable para consumo doméstico y para producir alimentos mediante riego, no podemos utilizarla en otra cosa. Y que lo entiendan bien las "autoridades" de la DGA, los parlamentarios y el ejecutivo: el agua no se vende. Lo más grave de la situación de Cochabamba con Aguas Tunari, y de Freirina con Agrosuper, es que ésta es una guerra contra los mismísimos gobernantes encargados de velar por el bien común y restringir el uso abusivo del recurso por parte de las empresas (declarados enemigos de las comunidades) y contra la debilidad y la tentación humana de venderse a la coima. En una sociedad de mercado donde el presidente es el inversionista mayoritario y el líder de las grandes usurpaciones del país, y cuando son cada vez más anónimas estas inversiones -por resquicios en los que se burla la ley, la probidad y el espíritu del servicio público, pues los políticos se convierten secretamente en interesados timadores- la empleabilidad es la gran consigna de los gobiernos para mitigar sus fechorías, manteniendo los indices de crecimiento económico (de unas pocas empresas) en cifras azules, y usando a los pacos y milicos como carne de cañón contra el descontento popular.

A diferencia del caso de Bolivia, en el valle del Huasco no existe un tarifazo tan irrisorio y descomunal por parte de la concesionaria Aguas Chañar en contra de sus usuarios Freirinenses, aunque las tarifas cada vez son más caras y ya comienza a sentirse el descontento. Tampoco existe en Bolivia un monopolio y un sistema agrícola tan abusivo (basado en el monocultivo y el uso abusivo de pesticidas tóxicos para la salud) como el que tiene Omar Campillay en nuestra provincia.

Empresas como Agrosuper, Pascua Lama, CAP y Guacolda ofrecen empleos, pagan contribuciones (irrisorias y desproporcionales a sus niveles de ganancias) trafican influencias y lavan su imagen con instituciones de caridad (como la Teletón, Un Techo Para Chile, municipios, etc.), razón por la que el problema ambiental se transforma inmediatamente en un problema de magnitud social difícil de desmantelar. Las empresas además tienen un sofisticado sistema para cooptar a sus detractores e invisibilizar los problemas, acorralando y desmantelando toda posibilidad de resistencia. ¿Cómo luchar contra una empresa que no permite la sindicalización de sus trabajadores, prohibiendo el ingreso de celulares a sus recintos - para evitar que denuncien sus "irregularidades"? Se cree absurdamente que Agrosuper tiene la llave que abre y cierra todas las puertas (del FOSIS, el municipio, capacitaciones técnicas, etc.) y casi todos quieren subirse a bordo del barco de la empleabilidad. ¿Cómo lograr entonces la necesaria unidad del pueblo de Freirina para darle cohesión y firmeza a nuestras demandas?

PODER POPULAR


¿Qué es lo que más nos duele? ¿Que se nos acabe el agua, los malos olores, o, que empresas como Agrosuper se apropien de nuestro patrimonio?  Agrosuper está agotando el recurso hídrico en nuestra región y no se va a detener, tampoco las autoridades, pues claramente están haciendo un negocio redondo, sospecha que se levanta al constatar la irresponsable decisión del alcalde de autorizar a principios del 2010, derechos de servidumbre y otros gravámenes sobre 4 pozos profundos a la empresa Agrosuper. Lo único que nos queda entonces es luchar y unirnos democráticamente desde abajo, desestabilizando el poder burócrata y explotador de las instituciones, y unificando nuestras demandas sociales en una mesa de trabajo que puede multiplicarse en distintos frentes. Debemos convocar numerosas  asambleas abiertas donde podamos deliberar y coordinar los actos a seguir junto a las responsabilidades correspondientes. Se podrán formar escuelas populares de autoeducación para discutir lo que queremos como comuna. En estas escuelas podremos construir un verdadero y autónomo sentido de identidad. Descubriremos también alternativas de empleabilidad y podremos darle un cauce a nuestras demandas socioambientales (en salud, previsión, educación, etc.). Lograremos así una raigambre cultural enfocada en lo local y se podrá desmantelar la compleja red de influencias y corrupción política que afecta a nuestra región, pues "la soberanía ciudadana necesita activar sus procesos autoeducativos a todo nivel." ("en el nombre del Poder Popular Constituyente, Gabriel Salazar)"